El 29 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que será remitido a las Cortes para su tramitación. Este proyecto marca un importante avance en la regulación de los informes de sostenibilidad en España (actualmente conocidos como Estados de Información No Financiera), con el objetivo de alinear a las empresas con los estándares de impacto social, ambiental y de gobernanza que exige la Unión Europea.
Esta nueva ley incorpora la directiva europea sobre sostenibilidad en la normativa española y permitirá la aplicación de las Normas Europeas de Sostenibilidad (NEIS) en la elaboración de informes de sostenibilidad.
Además, el Consejo de Ministros ha revisado los umbrales financieros que definen las categorías de empresas como pequeñas, medianas o grandes, actualizándolos en un 25% para compensar la inflación. Esto permitirá que algunas empresas clasificadas hasta ahora como grandes puedan pasar a la categoría de medianas y así acogerse a requisitos contables simplificados.
El proyecto de ley establece una implementación gradual de los requisitos de sostenibilidad según el tamaño de las empresas, en los siguientes plazos:
A partir de enero de 2024: grandes empresas de interés público y entidades dominantes de grupos de interés público con más de 500 empleados deberán cumplir con esta normativa.
A partir de enero de 2025: se incluirán el resto de grandes empresas y entidades dominantes de grupos de gran tamaño.
A partir de enero de 2026: las pymes cotizadas en mercados regulados de la UE, que no sean microempresas, deberán presentar estos informes, aunque podrán optar por posponer su cumplimiento hasta enero de 2028.
Las pymes contarán con un margen de adaptación y podrán presentar un reporte simplificado para facilitar el cumplimiento y las relaciones con su cadena de valor (bancos, clientes, proveedores, etc.).
En comparación con la Ley 11/2018 de Información No Financiera, que será sustituida progresivamente, este proyecto de ley presenta varias novedades:
Ampliación de alcance: Se extiende la obligación de informar sobre sostenibilidad a todas las grandes empresas y a las pymes cotizadas, incluyendo la recopilación de información de sostenibilidad en la cadena de valor.
Requisito de doble materialidad: Las empresas deben informar tanto sobre su impacto en el entorno (criterios ESG) como sobre el impacto de factores externos en ellas mismas, lo que aporta una visión más amplia de riesgos y oportunidades en sostenibilidad.
Formato electrónico unificado: A diferencia de la flexibilidad de la Ley 11/2018, este proyecto de ley requiere que los informes de sostenibilidad se presenten en un formato electrónico estandarizado para mejorar la comparabilidad entre empresas de la UE.
Verificación independiente: La ley regulará de forma más estricta la verificación de estos informes, bajo la supervisión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), similar a las auditorías de estados financieros. El órgano de administración de la empresa podrá designar al verificador, sujeto a la ratificación en la primera junta general de accionistas.
En GCE Group, contamos con una sólida experiencia en la elaboración de informes de sostenibilidad y en el cumplimiento de los estándares europeos, guiando a nuestros clientes en la adaptación progresiva de la Ley 11/2018 a los nuevos requisitos.
Ofrecemos a nuestros clientes el soporte necesario para cumplir con esta nueva normativa, elaborar informes de sostenibilidad que demuestren el compromiso de sus negocios con el entorno y la sociedad, y cumplan con los requisitos que demandan bancos, clientes, proveedores, inversores y demás interesados. Estos informes no solo facilitan la transparencia y la comunicación de compromisos sostenibles, sino que también ofrecen beneficios como mayor confianza, condiciones preferenciales con bancos y proveedores, y una mejor imagen corporativa a corto y medio plazo.
